last edited: Tue, 06 Nov 2018 16:47:48 +0100
La incidencia de accidentes laborales es un 50% superior entre los eventuales y los jueces tardan una media de siete años y tres meses en dictar sentencia firme cuando el accidente tiene implicaciones penales
El índice de siniestralidad de los trabajadores temporales crece cuatro veces más que el de los indefinidos
Con el aumento de la precariedad durante los años de recuperación económica, la brecha de peligrosidad laboral entre temporales e indefinidos ha crecido. Mientras la incidencia de accidentes de trabajo entre los indefinidos ha aumentado un 6,3% desde 2012, entre los temporales se ha disparado un 28,1%. Es decir, su índice cuadriplica el de los asalariados fijos. Y entre los temporales, la incidencia de accidentes laborales de aquellos que, además, tienen contrato a tiempo parcial, los más precarios, se ha elevado un 33,3% en los últimos cinco años. El número bruto de siniestros en el trabajo también revela el mayor aumento de percances sufridos por los temporales: mientras los accidentes de los indefinidos crecen un 11% desde 2012, los accidentes de los eventuales se disparan un 62%. En comparación, durante los últimos cinco años, el número de asalariados temporales ha crecido un 34,6%, según los registros de afiliación de la Seguridad Social, por sólo un 7,3% la cifra de los fijos.
Entre los casi 400.000 accidentes laborales registrados en los ocho primeros meses del año, 2.629 fueron considerados graves y 327 fueron mortales, un 1,2% más que hasta agosto de 2017. Ese año completo los siniestros letales se elevaron a 629 –496 durante la jornada y 133 in itinere–. Los accidentes durante el trayecto crecen incluso más que el total, un 4,3%, y mucho más los mortales, nada menos que un 12,2%, casi los triplican. Según destaca UGT, cada día mueren de media dos trabajadores en España. El sindicato culpa del aumento de la siniestralidad tanto a la “mala calidad del empleo” como a la falta de prevención. Además, tiene un coste económico: CCOO lo cifraba en más de 13.000 millones de euros en 2013, cuando el número de accidentes caía a niveles mínimos por culpa de la recesión.
Hasta agotar la vía judicial –si tras obtener una sentencia en el juzgado de lo Penal se presenta un recurso ante la Audiencia Provincial– un accidentado o sus familiares pueden tener que esperar una media de siete años y tres meses para obtener una sentencia firme, un plazo que, como lamenta la propia Fiscalía, “mal puede conjugarse con una rápida y ágil administración de justicia”. Si no media recurso, el plazo tampoco es aceptable: seis años y cuatro meses. La Memoria destaca que en 2017 la Fiscalía aún presentó un escrito de acusación sobre un accidente ocurrido en 2002, así como 91 sobre siniestros de 2014 y 90 sobre hechos de 2015.
